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La conducta empresarial responsable es el comportamiento que se espera de parte de las empresas a nivel mundial, a través del cual evitan y abordan las consecuencias negativas de sus operaciones, al tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible y ético de los países en donde operan. Dicho estándar es aplicable independiente de su forma jurídica, tamaño, sector o propiedad, incluidas sus cadenas de suministro y otras relaciones comerciales.
El concepto de conducta empresarial responsable se establece en normas reconocidas internacionalmente, como los Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales (y su posterior Guía de Debida Diligencia) y la Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En 2020, la División CER junto a ProChile desarrolló el documento Lineamientos para una gobernanza empresarial sostenible que busca acercar a las empresas a conceptos y estándares de nivel mundial, de forma clara, breve y específica. En él encuentra explicaciones concisas sobre sostenibilidad, comercio y empresa sostenible, conducta empresarial responsable, debida diligencia y anticorrupción.
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La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático coordina los Acuerdos de Producción Limpia (APL) que es un convenio celebrado entre un sector empresarial, empresas y organismos públicos, con el objetivo de aplicar metas y acciones específicas dirigidas a lograr una producción limpia y servir como un instrumento de gestión para mejorar las condiciones productivas, ambientales, de higiene y seguridad laboral, de eficiencia energética, de eficiencia en el uso del agua, y otras materias abordadas por el acuerdo vinculadas con la sostenibilidad. De igual forma, busca aumentar la eficiencia productiva y mejorar la competitividad del sector productivo.
La SUBREI, a través de la División CER, participó en 2020 en la negociación de dos APL y, actualmente, es parte del Comité de Coordinación para la implementación de sus compromisos. Los APL en los cuales participa son el primero de la industria procesadora láctea y el cuarto de la industria de alimentos procesados. En ellos, acompaña al sector procesador lácteo en la implementación de una meta sobre debida diligencia en base a riesgos y, al sector de alimentos procesados, apoyando la definición de indicadores de sustentabilidad y relacionamiento comunitario.
APL Industria Láctea APL Industria Alimentos Procesados
En 2017 se suscribe el Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuyo objetivo es establecer un trabajo conjunto, facilitar el fortalecimiento institucional en materias de promoción y difusión de los compromisos vigentes en el ámbito de los derechos humanos y las empresas, y facilitar canales de asistencia técnica con el Punto Nacional de Contacto.
En el marco de este Convenio, el INDH participa en calidad de observador en el Comité Espejo del PNC, asiste con informes en derecho en el marco del manejo de instancias específicas y apoya la difusión del PNC en regiones.
La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia tiene la coordinación nacional de los planes que se especifican a continuación, en los cuáles la División CER como Punto Nacional de Contacto ha comprometido diversas acciones.
Plan establecido por ley que responde a las recomendaciones que se le han hecho al Estado de Chile en materia de derechos humanos. Comprende un conjunto de acciones concretas, con metas e instituciones responsables. El Punto Nacional de Contacto ha participado con compromisos en el Primer Plan y en el Segundo Plan.
Este Plan, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, se enmarca en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011. A nivel mundial existe consenso en que la mejor manera de instalar estos principios rectores es a través de planes de acción.
Estos principios se sustentan en tres pilares:
El Punto Nacional de Contacto ha sido partícipe asumiendo compromisos en el Primer Plan y en el Segundo Plan 2022-2025.
En 2020, la División CER junto a la Unidad Especializada Anticorrupción (UEA) del Ministerio Público, desarrolló el documento Informativo de prevención del cohecho extranjero para funcionarios públicos, que busca explicar de forma clara y concisa la Convención Anticohecho de la OCDE, el delito de cohecho extranjero y las principales características legales en Chile.
Aunque este documento se dirige a funcionarios públicos, la claridad de su lenguaje y estructura amigable lo hace apropiado para quien busque informarse respecto de la Convención y la tipificación de este delito.
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Adicionalmente, la UEA participa desde 2020 como uno de los relatores principales en las actividades de capacitación del Plan de Capacitación sobre cohecho extranjero y el rol de las representaciones chilenas en el exterior, organizado por la División CER y dirigido a las misiones chilenas en el mundo.
El 5 de mayo de 2022, la SUBREI fue aceptada como miembro de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción- UNCAC (AA), representada principalmente a través de la División CER. La AA es una iniciativa público-privada creada en mayo de 2012, que reúne a representantes de instituciones públicas, privadas, de la Academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales.
Su finalidad es impulsar la implementación y difusión de la mencionada Convención, junto con diseñar acciones y estrategias para dar cumplimiento en Chile a los principios en ella contenidos, además de fortalecer el combate contra la corrupción y fomentar la transparencia. La participación de la División CER, busca la generación de sinergias en la implementación de esta Convención y la Convención Anticohecho de la OCDE, buscando propender a la coherencia política entre estos instrumentos internacionales. De esta forma, espera aportar positivamente en los grupos de trabajo de la AA a partir de su conocimiento técnico en estas materias a la vez que recoge experiencias e iniciativas que apuntan al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la OCDE a Chile.
Para más información visite la página de la Alianza Anticorrupción.
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