Muchos de los países de Latinoamérica y el Caribe han sido golpeados por la crisis del Covid-19 en un contexto de bajo crecimiento, profundas desigualdades y de creciente descontento social. A este escenario, se suma el hecho de que muchos casos de contagio no son declarados y existen entre los países diferencias considerables en cuanto al nivel de precisión en la recopilacón de datos.
Si bien sólo un 9% de la población supera los 65 años, los desafíos más importantes para esta región dicen relación con su limitada capacidad sanitaria y altos niveles de informalidad. La región gasta cuatro veces menos en salud, en comparación con los países de la OCDE. Asimismo, el porcentaje de población que se encuentra satisfecho con la calidad de los sistemas sanitarios cayó de un 57% el 2006 a un 42% el 2018, mientras que el promedio de la OCDE ronda el 70%.
Condiciones previas al Covid-19 y posibles efectos macroecónomicos en el crecimiento y las condiciones sociales
Entre los años 2014 y 2019, la región registró su periódo más lento de crecimiento desde la década de los 50. Sin perjuicio de los avances en la reducción de la pobreza económica, siguen preocupando los niveles de vulnerabilidad y exclusión. Los gobiernos deben responder más efectivamente a las aspiraciones de una creciente pero vulnerable clase media, junto con seguir incluyendo aquellos segmentos de la población que se han quedado atrás.
Además del impacto directo en la salud, los efectos socioeconómicos de la pandemia se canalizarán por diversas vías. En primer lugar, las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos han dado lugar a una caída inmediata en la actividad económica. Asimismo, durante el confinamiento, los hogares han reducido drásticamente el consumo de gran parte de bienes y servicios. En segundo lugar, se debe tener presente que las medidas de confinamiento, restricciones de frontera y la ansiedad social afectan a sectores estratégicos como lo son el turismo y los viajes internacionales. Esto afectará especialmente a las economías del caribe, en las que el turismo representó más de un 20% del Producto Interno Bruto el año 2018, cuya caída se proyecta, según la CEPAL, en un 25%. Por otra parte, los sectores del retail, comercio mayorista y la manufactura se verán gravemente afectados. En tercer lugar, la ralentización mundial y disrupción de las cadenas globales y regionales de valor generará una caída abrupta en las exportaciones de la región. En cuarto lugar, mientras el colapso de los precios del petróleo puede ser un alivio para países del caribe y centroamérica, dicho colapso afectará las cuentas fiscales y externas de varios países sudamericanos, así como también a México, y Trinidad y Tobago; así como a Perú y a Chile les afectará la caída en el precio del cobre. Por su parte, la volatilidad financiera, el empeoramiento de las condiciones financieras y las salidas de capital, han dado como resultado la depreciación de las monedas de la región y la reducción de activos financieros en mercados de deuda y de capital, afectando la solvencia de grandes empresas latinoamericanas. Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que la adopción de tecnologías y la expansión de internet han sido elementos centrales para mantener cierta continuidad en los negocios, empleos y estudios desde casa, aunque existe una brecha digital considerable.
La pandemia podría afectar especialmente diversas dimensiones del bienestar de los latinoamericanos (especialmente las dimensiones materiales como lo son los ingresos, calidad de trabajo y vivienda), así como ámbitos del conocimiento y habilidades.
Posición fiscal y trayectoria de la deuda
La política fiscal juega un rol esencial para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia, siendo de vital importancia para esta región debido a la frágil o inexistente seguridad del empleo, altos niveles de informalidad y baja recaudación tributaria. En una primera instancia, la política fiscal debiera apuntar a detener la propagación del virus, mediante programas de prevención, detección y tratamiento, así como apoyar la continuidad de la actividad empresarial y protección de los empleos. La capacidad de respuesta fiscal de los países dependerá de la posición fiscal inicial que se tenía antes de la pandemia, y de su acceso a mercados internacionales. Si bien el déficit fiscal constituye la norma en la mayoría de los países de la región, varios países han implementado reglas fiscales, incluyendo a Chile, Colombia, México y Perú, lo que debiera permitir algunas políticas contracíclicas.
Balanza de pagos e integración global
Los saldos contables en latinoamérica se deterioraron el 2019 como consecuencia de la desaceleración del comercio internacional y la corrección en los precios de las materias primas. Salvo algunas excepciones, los déficits contables fueron financiados por inversión extranjera directa.
Estas dinámicas se verán agravadas por los efectos del Covid-19, ya que los socios comerciales están posponiendo sus inversiones mientras que la disminución en la demanda internacional está gatillando una dramática caída de las exportaciones de la región. Para el 2020, la OMC proyecta que en centroamérica y sudamérica, el comercio de mercancías podría caer entre un 12% y un 31%, en comparación con el 2019. Por otra parte, la fuerte depreciación de la moneda encarecerá las mercancías extranjeras, impulsando una caída en las importaciones pero aumentando la competitividad en las exportaciones de la región.
Las economías de América Latina y el Caribe se verán profundamente afectadas por la desaceleración de sus socios comerciales, especialmente de China y Estados Unidos. China se ha convertido en el principal socio comercial de muchas economías sudamericanas, siendo además inversor directo y proveedor de crédito de muchas economías de la región (especialmente Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela).
Por otra parte, a mediados de marzo de este año, la volatilidad financiera a nivel global sobrepasó temporalmente el nivel máximo observado durante la crisis del 2008.
Efectos en los hogares y las empresas
Si los gobiernos no entregan una respuesta adecuada, se proyecta que para fines del 2020, entre 14 a 22 millones de latinoamericanos podrían quedar en extrema pobreza. Si la pandemia empeora y propicia una caída de un 5% en el promedio de ingresos de la población activa, la cantidad de personas en extrema pobreza puede ascender desde 67,5 millones a los 82 millones. Y en caso de que la antes referida caída sea de un 10%, la cifra de personas en extrema pobreza se eleva a 90 millones.
Se estima que la crisis aumentará el empleo informal, que actualmente corresponde a un 58% de trabajadores; de estos, un 65% no es beneficiario de ninguna forma de protección social. Entre los trabajadores informales que enfrentan vulnerabilidad económica, un 61% no son parte de hogares beneficiarios de programas asistenciales (transferencias directas o pensiones no contributivas).
Por otra parte, los efectos inmediatos de la recesión económica afectarán rápidamente a la población migrante que vive en países de la región, dado que muchos están en situación migratoria irregular o tienen un empleo informal. Adicionalmente, se espera una disminución de las remesas, las que conforman una de las más importantes fuentes de ingreso para muchos países de la región; se estima que las remesas equivalen a un 1,5% del PIB de la región.
Es relevante considerar que muchos hogares de la región no tienen acceso al agua potable, y que en promedio, al menos tres personas comparten una habitación, por lo que el efecto positivo de las medidas de confinamiento es bastante limitado. Asimismo, existen diferencias territoriales que implican condiciones sociales y sanitarias diversas.
Las mujeres serán afectadas desproporcionadamente, debido a las divisiones tradicionales de roles, su dedicación de tiempo al trabajo doméstico no remunerado es tres veces mayor en comparación con los hombres, su mayor participación en trabajos informales, y su mayor vulnerabilidad ante la violencia doméstica.
Por su parte, las PYMES, que representan el 99% de todas las empresas de la región, generando más de la mitad de los empleos (según la OIT), se verán especialmente afectadas por las consecuencias económicas de las medidas de confinamiento ya que cuentan con menor liquidez.
Respecto a la brecha digital, esta puede agravar la desigualdad, teniendo en cuenta que solamente los trabajadores, estudiantes o consumidores que cuentan con una infraestructura adecuada y con las habilidades requeridas podrán beneficiarse de las ventajas de las herramientas teconológicas.
En términos educativos, la crisis puede profundizar las desigualdad de acceso a una educación de calidad, puesto que los sistemas educativos de la región no están suficientemente preparados para el aprendizaje en línea, existiendo importantes diferencias entre aquellos que tienen más ventajas socio-económicas que otros.
Prioridades políticas: desde respuestas inmediatas hacia el replantamiento del pacto social
- En cuanto a las respuestas inmediatas, destacan las medidas aplicadas por muchos países en la región, a saber: distanciamiento social y confinamiento; políticas monetarias para proteger a los más vulnerables; reducción de tasas de interés e inyección de liquidez por parte de Bancos Centrales; facilidades para pagar créditos de consumo o créditos hipotecarios por parte de intermediarios financieros; transferencias directas, canastas de alimentos, y postergación de impuestos; entre otras. Se recomienda evaluar constantemente la implementación y efectivadad de dichas medidas, y adecuarlas en caso que sea necesario.
- En el corto plazo, se recomienda adoptar medidas más audaces para dar un impulso a la recuperación económica. El levantamiento de medidas de confinamiento debe tener en cuenta la capacidad de los sistemas de salud, y basarse, lo más posible, en los datos recopilados sobre los contagios. Se debe incrementar la capacidad de testeo y monitoreo de personas contagiadas, con la finalidad de eliminar la posibilidad de rebrotes. En cuanto a la economía, las medidas deben estimular la demanda, sobretodo en consumo, requiriéndose una gran movilización de recursos humanos y financieros.
- Dado que la pandemia ha llegado a la región en un contexto de muy baja confianza y satisfacción ciudadana, esto se puede convertir en una oportunidad para lograr consensos y propiciar la aprobación de reformas que estén pendientes. Por lo tanto, se sugiere aprovechar esta instancia para repensar el pacto social y abordar las vulnerabilidades estructurales (baja productividad, vulnerabilidad social, debilidad institucional y sostenibilidad ambiental).
- Para el diseño del pacto social, se recomienda tener en cuenta tres dimensiones:
- El bienestar debe estar en el centro de las políticas públicas, apuntando a sistemas de protección social más fuertes. Las frustraciones ciudadanas con relación a la calidad de los servicios públicos, así como los aspectos multidimensionales de la pobreza, refuerzan la noción de que el desarrollo es mucho más que el PIB. Por ende, la respuesta a la crisis debiera promover soluciones innovadoras para reducir las brechas en la cobertura de seguridad social, proteger a los más vulnerables, fomentar empleos de calidad, mejorar la calidad y universalidad de la salud, y para el diseño de mecanismos de gestión de crisis.
- Movilizar recursos para construir resiliencia y el desarrollo financiero inclusivo. La crisis ha dejado en evidencia la necesidad de mayor financiamiento para los servicios públicos, protección social y competitividad. Por ello, los sistemas tributarios debieran ser reformados, apuntando a la progresividad, así como fomentar la transición hacia una economía baja en carbono. Es necesario asegurar los ingresos para los más vulnerables, así como invertir en la promoción de PYMES que sean financiera y ambientalmente sostenibles.
- Establecer una estrategia de desarrollo sostenible en la que todos los actores estén considerados. Los países de la región requieren de estrategias que empoderen a sus ciudadanos en todas las etapas del proceso de elaboración de políticas. Esta crisis constituye una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de la región ante dos tendencias globales: el cambio climático (por lo que se requiere desarrollar un modelo de desarrollo basado en sostenibilidad ambiental) y la transformación digital.
El rol de la cooperación internacional
Existen al menos tres áreas críticas para orientar acciones coordinadas a nivel internacional:
- En primer lugar, el apoyo financiero; involucrando a bancos multilaterales, actores privados y públicos, y organizaciones internacionales. Se requiere de un plan tan ambicioso como lo fue el Plan Marshall, pero esta vez a nivel global.
- La cooperación internacional es de vital importancia, y para ello, el rol del G20 es fundamental para coordinar la respuesta a la emergencia sanitaria y para la movilización de recursos financieros a nivel global.
- La cooperación e integración regional se encuentra pendiente, pero es un objetivo deseado, tanto para enfrentar las consecuencias más urgentes de la crisis como también para llevar adelante la recuperación y prepararse para futuros retrocesos.
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